La Propiedad Intelectual es considerada como una de las propiedades especiales (arts. 428 y 429 del Código Civil).

Nuestra Constitución reconoce y garantiza este derecho fundamental en el art. 20.1.b):
“1. Se reconocen y protegen los derechos: (...)
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.”

Este contenido tan genérico y amplio abarca a cualquier producción y creación derivada de las nuevas tecnologías, por lo que dentro de su ámbito de protección hay que incluir los derechos sobre los programas de ordenador y las bases de datos.

Esto es así, porque, por una parte, el referido art. 20.1.b) C.E. consagra un régimen de protección general y, por otra, la normativa aplicable concreta el objeto de la propiedad intelectual como todas las creaciones originales literarias, artísticas y científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. No cabe duda de que se trata de un “numerus apertus”.

Al mismo tiempo hay que tener en cuenta el art. 149.1.9ª de la propia Constitución, donde se otorga la competencia para regular esta materia:
“1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...)
9ª. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.”.