El sector agrario español ha desarrollado sus actividades en dos grandes áreas: en la de las instituciones y organismos públicos, y en la de las instituciones y entidades que conformaba la sociedad civil, dando prioridad a la primera área. Se ha caracterizado también, desde sus orígenes, por dirigir su estrategia de acción colectiva principalmente hacia las instituciones y organizaciones públicas. Esta ha consistido en ejercer influencia en los centros de decisión relacionados con la PAC, a saber: la Comisión Europea, que propone todas las iniciativas legislativas, y el Consejo, que toma las decisiones que atañen al sector agrario.

Sin embargo, la evolución de la PAC, por un lado, y las nuevas funciones que exige la sociedad a la agricultura, por otro, orientan la acción colectiva hacia nuevas áreas. En lo que respecta a la política agraria, la evolución de los últimos años muestra la disminución del apoyo público a la renta de los agricultores y apunta hacia la dependencia creciente de la industria agroalimentaria y de la distribución. Es un modelo que debe ser capaz de asegurar a la población agraria una renta comparable a la del resto de los sectores, así como permitir la inserción y el desarrollo de la agricultura europea no sólo en el mercado interno, sino también en el mercado internacional. Las empresas familiares agrarias deben cumplir con unos criterios de eficiencia de la actividad productiva por lo que deben realizar procesos innovación y deben participar tanto en la comercialización de sus productos como en el desarrollo agroindustrial de sus producciones, sin embargo, el reducido tamaño de estas empresas hacen que esto resulte complejo, es por ello que el asociacionismo y la colaboración entre estas explotaciones familiares agrarias resulta imprescindible. En este sentido las cooperativas agrarias son un instrumento básico para el desarrollo de las agriculturas más eficientes. El objetivo básico de las cooperativas de conseguir mejores precios para los productos de sus socios y mayores márgenes de beneficio para sus explotaciones no se puede cumplir sólo a través del apoyo a la actividad productiva de las explotaciones y la concentración de la producción sino que debe complementase con el acompañamiento del producto hasta las fases de transformación y comercialización la recuperación del valor añadido incorporado al producto final.

De este modo, ante la disminución del apoyo público a la agricultura, es indudable que la renta de los agricultores dependerá cada vez más en el futuro entre el equilibrio entre los ingresos recibidos por la comercialización de los productos agrarios (industria agroalimentaria y distribución) y el precio pagado a los suministradores de productos agrarios.

Por otra parte, las empresas de distribución desarrollan en los últimos años un conjunto de normas que tiene como objetivo imponer niveles propios de calidad, de seguridad alimentaria y de trazabilidad. Estas normas, les confieren un poder creciente para controlar la producción agraria.

Ante este panorama, las nuevas estrategias del movimiento profesional agrario deberán dirigirse hacia las organizaciones representativas de los intereses de los otros actores de la cadena agroalimentaria, que dominan el mercado y que se organizan en torno a tres polos, a saber: la organización representativa de la industria agroalimentaria, las organizaciones representativas de la distribución alimentaria y las organizaciones representativas de las empresas que suministran fertilizantes, semillas, productos fitosanitarios, productos veterinarios y piensos al sector agrario. El sector europeo deberá desarrollar nuevas estrategias de acción colectiva, que contribuyan a reforzar el peso político y económico de la agricultura europea.

Algunas de las organizaciones que representan estos intereses desarrollan ya iniciativas de partenariado con las organizaciones representativas de los agricultores y ganaderos europeos.

El parámetro que influye en la evolución del contexto del movimiento agrario europeo está relacionado con las nuevas funciones que exige la sociedad al sector agrario. Como ya es sabido, al sector agrario se le exige que cumpla un papel multifuncional, y que además de la producción tradicional de alimentos, cumpla objetivos sociales, medioambientales y de desarrollo rural. Desde esta perspectiva global y social, se desarrolla un nuevo paradigma para la agricultura, que podría regir la política agraria de futuro, y que considera a la agricultura como un abanico de contribuciones al desarrollo económico y social tratado en su conjunto, expresando la voluntad de que estas contribuciones puedan asociarse de forma duradera y coherente, según las preferencias de los contextos nacionales y regionales.

El sector agrario necesita desarrollar, partenariados que tengan por objeto coordinar y equilibrar, por un lado, los desafios que se le plantean al sector agrario y, por otro, las demandas que espera la sociedad europea. Estas convenciones pueden presentarse como una oportunidad para el sector agrario europeo, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo paradigma de desarrollo sostenible presente en las políticas comunitarias. El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno europeos de Goteborg (junio 2001) señaló la sostenibilidad como una de las prioridades de la UE, que debe asociar a largo plazo tres dimensiones: el crecimiento de la economía, la cohesión social y la protección del medio ambiente. El paradigma del desarrollo sostenible puede constituir un instrumento para garantizar la sostenibilidad económica del sector agrario y fomentar su papel en el desarrollo de las zonas rurales europeas, al tiempo que respetar las nuevas demandas que exige la sociedad a la agricultura europea.

Mas allá de los retos ligados directamente al presupuesto de la PAC, al sector agrario europeo se le presenta el reto de definir un modelo de agricultura a defender en el futuro. El modelo europeo intenta conciliar, la diversidad con las nuevas exigencias que marcan los consumidores y las nuevas funciones que se le asigna a la agricultura. Ese modelo no es otro que el de la explotación agraria familiar y multifuncional, que responde a las exigencias sociales en materia de medio ambiente, de seguridad alimentaria y de ordenación del territorio. Las empresas familiares agrarias responden a un modelo social de agricultura que evita el desarraigo de la producción agraria del territorio, más identificado con los enfoques de una agricultura multifuncional, comprometida no sólo con la producción de productos sanos, sino también con el respeto al medioambiente y el desarrollo rural, sin embargo estas empresas familiares agrarias pueden sentirse amenazadas, dado que ni el mercado ni las ayudas de las políticas agrarias actuales, retribuyen y valoran adecuadamente las funciones no productivas que esta forma de agricultura puede desarrollar. El declive de las actividades agrícolas tradicionales, la pérdida de oportunidades de trabajo, el éxodo de sus habitantes hacia zonas urbanas y el consiguiente envejecimiento de la población, las deficiencias de infraestructuras y servicios básicos son los eslabones de una larga cadena de acontecimientos que están provocando un empobrecimiento de las zonas rurales, sobre todo del interior, que ponen en peligro el necesario equilibrio socioeconómico que se debe establecer entre zonas de una misma comunidad o región.

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